Playa del Carmen, 2 de agosto de 2021.- Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó hoy un operativo en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Fisionomía del Ayuntamiento de Solidaridad, en búsqueda de posibles evidencias dentro de una investigación por presunto uso ilícito de facultades y atribuciones de la función pública.
La diligencia, efectuada por personal de la Policía Ministerial, se realiza mientras la actual presidenta municipal, Laura Beristain, mantiene impugnados los resultados de la última elección, en los que acusa fraude electoral (leer nota aparte abajo).
Fuentes al interior del municipio indican que la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, María Eugenia Fernández Bustelo Ríos, recibió un oficio en el que se le indicó que debía proporcionarles todas las facilidades al personal de la Fiscalía General del Estado, para las diligencias ministeriales que harán en las oficinas de esta dependencia.
Personal de la Fiscalía mantiene hermetismo sobre el caso, que parece haber sido iniciado por este mismo organismo, en lugar de que fuera la Auditoría Superior del Estado o bien la Secretaría de la Contraloría del Estado la que hubiera detectado posibles inconsistencias y presentado una denuncia.
El oficio en cuestión, sin embargo, sí señala que la directora pudiera ser acusada del delito de encubrimiento, acción que también rompe el habitual sigilo de estas investigaciones y que apuntan a un intento de presionarla con la finalidad de que coopere con esta investigación.
La Dirección de Desarrollo Urbano y Fisionomía es la encargada de emitir permisos para construcciones y constancias de uso de suelo.
JUICIO, EN SALA XALAPA
El juicio de nulidad contra el resultado de las elecciones a presidente municipal en Solidaridad sigue firme, una vez que se comprobó que están justificadas los siete causales para revocarlas, tal como lo están promoviendo los representes legales de la coalición Juntos Haremos Historia, ha declarado la ex candidata Laura Beristain Navarrete.
Ante esta situación todos y cada uno de los puntos que esgrimió el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) en días pasados, para desechar las pruebas presentadas por la parte promovente, no están sustentados debidamente, de tal manera que se exige exhaustividad en la revisión de las causales de nulidad ya mencionadas, como son la presunta intervención del gobernador en el proceso electoral reciente y que la candidata Lilí Campos haya rebasado su tope de campaña.
Este recurso legal conocido como Juicio de Revisión Electoral Electoral, sigue su curso ante las instancias competentes, como la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Como se recordará, ya el
TEQROO aceptó que en 25 casillas existieron irregularidades y las anularon.