Marcelo Salinas
En una de sus primeras mañaneras del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que algunos gobiernos estatales están usando el pretexto de la austeridad para cobrar más impuestos a la ciudadanía.
Lo anterior, en el marco de los recortes al gasto federalizado, el endeudamiento en algunas entidades, los refinanciamientos en otras, las alianzas que exigen un nuevo pacto fiscal motivadas principalmente por los panistas y los “balconeos” en temas de seguridad desde el gobierno de la república que parecen responder a esa lógica de antagonismo o enfrentamiento.
Lo cierto es que sí ha habido una reducción, quizá no discrecional porque se atienden parámetros que a veces no son justos; por ejemplo para Quintana Roo, que tanto contribuye con turismo y el dinero de vuelta de la Federación ha resultado insuficiente.
También es cierto que algunos gobernadores se endeudan para pagar más deuda, una tendencia agravada en el sexenio anterior: mientras en 2013 el 67% de la contratación se usó para el desarrollo de infraestructura, en 2018 sólo fue el 8%. No alcanza, dicen.
No menos cierto es que los refinanciamientos dan alivio siempre y cuando los números actuales y las proyecciones lo permiten, y si es que el contexto lo vuelve comprensible. Lo que dejó Roberto Borge con una deuda disparada (aún no se ha esclarecido el destino de los recursos) justifica las reestructuras en marcha como desahogo. Ninguna duda al respecto.
“Algunos estados y municipios recibieron las arcas vacías y con mucha deuda”, sostuvo López Obrador en la conferencia, y añadió: “Se endeudó porque era parte del negocio que tenían los altos funcionarios públicos”.
Un aspecto es importante recalcar: la administración de Carlos Joaquín González ha evitado, no solamente imponer nuevos gravámenes a la población, sino también recurrir a un mayor endeudamiento al que dejaron las dos últimas administraciones estatales. Recordemos: una deuda de poco más de 9 mil millones de pesos en 2011 (con Félix González), alcanzó los 22 mil 247 millones en 2016 (con Roberto Borge), poco antes de comenzar su mandato.
Con ese criterio, que deviene en un aparente manejo eficaz de las finanzas públicas, es insostenible, por otra parte, “jugarretas” como el vapuleado séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado aprobado por los legisladores locales para el ejercicio 2020, que exenta a casinos con inversiones superiores a los 40 millones de pesos del Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Sorteos.
Cuentas claras, exige una sociedad que sabe premiar y castigar. A las pruebas me remito.
(COLUMNA PUBLICADA EN NOVEDADES Q.Roo)
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