Marcelo Salinas|En órbita 👉🏽 La violencia patrocinada debe castigarse con firmeza y sin demora. Se podría, en algún momento y bajo ciertas premisas, entender las expresiones de reclamo y descontento desmedidos por la injusticia, la agresión o la impunidad; pero la que es pagada para generar daños, ni se entiende ni se justifica ni se comparte. Peor aun cuando exhibe motivaciones políticas, lo cual intenta desvirtuar al movimiento, perjudicar a las autoridades y abrir paso a quienes aspiran al poder. Así de retorcida resulta.
Las anteriores son sólo algunas interpretaciones de las muchas que puede tener la infiltración de presuntos anarquistas pagados, señalados por las autoridades del estado y del municipio Benito Juárez, tras los hechos de la semana pasada, cuando atentaron contra patrimonio institucional; trataron de acosar a las feministas que marcharon; quemaron documentos públicos; prendieron fuego en el acceso a la Fiscalía, entre otras acciones condenables.
Hay detenidos e identificados, algunos provenientes de otras ciudades y estados, según declararon el gobernador Carlos Joaquín y la presidenta Mara Lezama. Se ha interpuesto denuncias formales y comprobado la participación armada contratada. No es un cuento chino. Por lo mismo, las investigaciones deberán ser a fondo, independientes y con miras a la aplicación de todo el peso de la ley porque el único objetivo fue destruir, no potenciar el mensaje de las manifestantes.
Por un lado, los trabajos de inteligencia y prevención debieran multiplicarse para anticipar lo que pueda seguir; sobre todo, para conocer profundamente los intereses de los violentistas, quienes se moverán por dinero para alcanzar, posiblemente, objetivos particulares, nada convenientes para la sociedad en general.
Por el otro, indagar con seriedad la vertiente política-electoral que no puede extraviarse; es decir, si el escándalo obedece a partidos políticos o personajes con aspiraciones para los procesos comiciales de 2021 y 2022, cuando Quintana Roo enfrentará una etapa decisiva. Así, cualquier hecho detectado en el ámbito de las protestas, pero enmarcado en la competencia electoral, deberá condenarse desde más sectores, no únicamente desde el gubernamental o el empresariado.
Puede ser la «guerra sucia» de siempre. Los anarquistas financiados son movilizados por gente que, sin embargo, son tanto o más culpables. La transparencia y la rendición de cuentas, son puestas a pruebas. Que la mano no tiemble.
(OPINIÓN PUBLICADA EN NOVEDADES. MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 2020).
