Marcelo Salinas|En órbita 👉🏾 La violencia política debe ser condenada sin excepciones. Todo tipo de violencia lo debe ser. Pero la política cobra una gravedad mayor en un contexto electoral. La reflexión obedece a los casos más sonados de las últimas semanas que involucra a tres candidatos: Luis Gamero de Othón P. Blanco; José Alberto Alonso Ovando del Distrito 2, e Isaac Janix en Benito Juárez. Aunque los hechos acusados son distintos en cada asunto, los criterios podrían ser similares, porque en el fondo se imputa una agresión verbal en razón de género contra políticas.
Dos de ellas están en competencia: Yensunni Martínez en Othón P. Blanco (de la misma planilla de Gamero, su presunto agresor), y Mara Lezama en Benito Juárez, supuesta víctima de Janix. Yensunni postula a síndica y Mara a la reelección. En tanto, Alonso Ovando es investigado por el ataque contra la diputada Judith Rodríguez Villanueva, quien no participa en el proceso, aunque ello no minimiza el aparente daño.
Una acotación: las palabras «supuesta«, «presunto» y «aparente» se emplean en rigor al procedimiento jurídico en marcha (sin sentencias definitivas todavía), aun cuando se han hallado indicios y pruebas de culpabilidad. No da igual si son del mismo partido o coalición, no obstante no quita ni suma agravantes. Así, lo de Gamero pareciera cosa juzgada, pero el candidato a la presidencia municipal capitalina no había sido notificado hasta el miércoles 19 y apelaría a la última instancia, que es la sala superior del TEPJF. Los expertos prevén que ésta ratifique lo de Sala Xalapa.
En los otros dos casos deben desahogarse algunas diligencias. En el caso Alonso Ovando, se sabe que la diputada ha solicitado su audiencia de alegatos y ha trascendido que la carpeta es contundente contra el ahora candidato de la alianza «Va por México» en el D2, antes secretario general del PRI estatal. En lo de Janix, el Instituto Electoral de Quintana Roo encontró indicios de que incurrió en las faltas, por lo cual emitió una medida cautelar. Se le ordena abstenerse de seguir vulnerando los derechos de su contrincante.
Si se les comprueba y condena, se van al hoyo. Ya es un golpe a los tres y a los partidos que les respaldan. Pero hay algo peor: las autoridades locales habían determinado erróneamente que no hubo violencia en lo de Gamero, y algo parecido resulta con Alonso Ovando. Está por verse. Por lo mismo, han sido criticados con severidad porque juzgan, dicen en círculos políticos, sin perspectiva de género, a lo que están obligados.
Es otro jalón de orejas contra los omisos árbitros del estado.
(OPINIÓN PUBLICADA EN NOVEDADES. VIERNES 21 DE MAYO DE 2021).
