Marcelo Salinas | En órbita 👉🏾 En la sesión del pasado miércoles la Cámara de Diputados aprobó, con 470 votos a favor y una abstención, el dictamen que reforma el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social en materia de límite del gasto del programa anual de comunicación social en las entidades federativas. Se establece ahora que los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinarán su propio límite en dicho gasto. Pasó al Senado, donde sigue el procedimiento. Es el principio del fin de una polémica innecesaria. ¿Qué pasaba?
La ley ordenaba que estados y municipios no podían destinar más de 0.1% de su Presupuesto de Egresos a Comunicación Social, lo cual impactaba en el manejo de la comunicación institucional. Fue criticada por múltiples sectores de la sociedad por considerar que no abonaba a los principios de pluralidad mediática, equidad y rendición de cuentas, entre otros. Incluso, en Quintana Roo la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, interpuso una controversia constitucional contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal.
De haber subsistido la norma sin modificaciones las entidades podrían haber no contado con los recursos suficientes para informar adecuadamente a la ciudadanía acerca de acciones y programas de gobierno, provocando justamente una vulneración al derecho de acceso a la información. Además, no pocas autoridades locales consideraron una violación a la autonomía municipal, sobre todo en el ámbito financiero.
Para ello se establece que la propaganda gubernamental tendrá un carácter institucional con fines informativos, exenta de promociones políticas y sin agendas personalizadas. Y ese es otro detalle, imposible de fiscalizar con rigor.
Para la Federación, en cambio, se mantiene el actual límite de 0.1% del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente, en atención al multicitado principio de austeridad republicana que evita, según dicen, el despilfarro de bienes y recursos públicos. Fue una polémica que mantuvo tensas a las autoridades de los otros dos niveles.
DESORBITADO
El Senado aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o registro de deudores alimentarios. Los padres (entiéndase padre y madre) que estén en ese registro por no pagar pensión alimenticia no podrán realizar diversos trámites, como obtener licencia de manejo o pasaporte porque es un nuevo requisito.
Va el dato: se aseguró en el debate que, de cada 10 divorcios en México, siete padres no cumplen después con dicha pensión.
(OPINIÓN PUBLICADA EN NOVEDADES.
VIERNES 24 DE MARZO DE 2023).
