Marcelo Salinas|En Órbita >> A los empresarios cancunenses no les satisfizo ninguno de los acuerdos con las autoridades de Benito Juárez y los diputados de la XVI legislatura, no obstante les brindaron todas las bondades que implica, por ejemplo, la autodeterminación sobre la basura. Ello quiere decir que decidirían, de mantenerse vigente el arreglo y firme en la ley, el monto a pagar según sus propios cálculos. Así lo evidencian los aproximadamente 400 amparos, las presiones en oficinas del Ayuntamiento y sus declaraciones públicas.
Ya leímos ese cuento, cuando se opusieron también al cobro municipal por el Derecho de Saneamiento Ambiental en el primer trimestre del 2019, que no solventa el hotelero, sino el turista, y por el cual constatamos lo mismo que ahora: una correlación de hechos incluso prepotentes muy similar.
No quieren pagar. No quieren dejar de ganar. Tampoco quieren, con esa actitud intransigente, que la administración 2018-2021, la de Mara Lezama, obtenga recursos en un contexto complicado por recortes y austeridad aplicados desde otros niveles de gobierno. De antemano saben que el dinero recaudado sería para promoción turística, saneamiento, seguridad u obras, por mencionar algunos proyectos en revisión, que ellos mismos han reclamados durante años para “mejorar la imagen”.
Recabar para después gastar conlleva un procedimiento que conocen de sobra: en el caso del saneamiento ambiental, mediante un fideicomiso ciudadano, y que en perspectiva se entiende como una política más transparente y de rendición de cuentas, dos exigencias que igualmente han planteado como condición para acceder y que sí son garantizadas por el gobierno de Lezama. Son más de 100 millones acumulados desde abril del año pasado en espera de ser erogados, aunque las discrepancias probablemente entrampen las demás temáticas.
Entonces, ¿de qué se trata? La inconformidad esgrimida más por una mayoría de hoteleros, no así por todos los comerciantes, es que han perdido en los últimos años por la inseguridad, la reducción de las tarifas, la competencia desleal, el surgimiento de otros mercados en el Caribe y el sargazo. Tienen razón, pero el pretexto no justifica la actitud, menos la opacidad.
Sería ideal que, así como se comprometen a reportar los kilos completos de desechos, lo hagan con el porcentaje real de ocupación, para sumarse a la que aparenta ser una sinergia municipal, estatal y federal al abrirse a un diálogo abierto, no como antes, cuando el trato era privilegiado y a escondidas.
En tanto, las autoridades del Ayuntamiento corrigen puertas adentro donde debe hacerlo.
Ley pareja no es dura.
Desorbitado
El escándalo en Playa Mamita’s salpica a todos, empezando por el propietario y la autoridad municipal no solamente de la Policía Turística. ¿Es suficiente con la disculpa pública? Para muchos no. Deberán revisar esas concesiones tan amplias, otorgadas en otros periodos y en circunstancias inmejorables para los favorecidos, porque la gente así lo exige. Ha sido un agandalle, un abuso de autoridad, una vergüenza para uno de los destinos líder de Latinoamérica.