Marcelo Salinas|En órbita 👉🏽 Fue una sentencia histórica. El miércoles pasado el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) resolvió por unanimidad el primer caso de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, hecho ocurrido en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sienta un precedente en Quintana Roo en favor de todas las mujeres. Se desarrolló en sesión pública no presencial y la ponente fue la magistrada Claudia Carrillo Gasca.
La víctima es la hoy diputada local Atenea Gómez Ricalde, en su entonces condición de candidata postulada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Democrática y Encuentro Social Quintana Roo. La víctima denunció a Merced Ortiz Maya, servidor público del municipio Isla Mujeres. Fue un proceso largo y complejo por la cadena impugnativa, poca voluntad política y tácticas dilatorias. Pero se logró.
No es dato menor que la justicia en este caso sea obtenida por la diputada de Isla Mujeres, gracias a quien se denominó a la XVI «la legislatura de la paridad», fue promovente de la llamada «ley Olimpia», así como de otras relacionadas precisamente sobre violencia política. Atenea Gómez es la interlocutora del Legislativo más visible con los grupos feministas, los que han ganado más notoriedad durante las semanas recientes debido a la situación del lunes 9 y los días subsiguientes.
Es un avance, como se ha registrado desde el 2017 cuando se dio la primera sentencia por feminicidio y se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer. Ayer mismo, por ejemplo, se lanzó la Plataforma para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la cual concentrará estudios, estadísticas, recomendaciones e informes que orientarán las decisiones en torno a la problemática y las propuestas de soluciones. Eso: son avances.
La magistrada Claudia Carrillo ha dicho que falta mucho. Respecto de los retos, los tiene claros: el primero es reducir los tiempos de atención y resolución, para abatir el rezago histórico en perjuicio de las víctimas. El segundo es generar confianza, para que las mujeres denuncien con la certeza de que se respeta el debido proceso, y sobre todo, que la justicia sea, además de pronta, expedita, como mandata la Constitución.
El tercero es la difusión, para hacer visible un asunto de primer orden y la gente conozca las medidas de protección. El cuarto es que se evite normalizar la violencia en los medios, en estudios, sentencias y cualquier forma de comunicación. Se asoman otros desafíos, pero los inmediatos ya están identificados y también se avanza en la dirección correcta, enfatiza la magistrada, quien también ha denunciado ser víctima de violencia política.
Algo es evidente: los distintos tipos de violencia son condenables y no pueden solaparse bajo ninguna justificación.
(OPINIÓN PUBLICADA EN NOVEDADES. VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020).
