Marcelo Salinas|En órbita 👉🏾 Crece el interés sobre la Consulta Popular del domingo 1 de agosto, cuando el electorado decidirá si desea o no indagar a cinco ex presidentes de la república: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Podrán participar, aproximadamente, 93.5 millones de ciudadanos del padrón y se requiere la participación del 40 por ciento; es decir, unos 37 millones. Sólo alcanzando dicho porcentaje será vinculante.
Se preguntará en la papeleta: “¿Estás de acuerdo con que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”. Aunque la pregunta original mencionaba por nombre a los expresidentes y pedía investigar la “presunta comisión de delitos”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cambió en una polarizada votación en octubre del año pasado.
Pero el Gobierno de la república ha defendido que se mantiene el propósito de la consulta, la primera que se realiza en el ámbito nacional con reglas claras; las anteriores, fueron convocadas por un todavía presidente electo y con relación a proyectos emblema. Es, sin duda, un instrumento de participación por el que la ciudadanía, a través del voto libre y secreto, determinará si se inicia o no una investigación, y en caso de hallar pruebas, mandarlos a juicio. Cabe aclarar un aspecto: de alcanzar el «sí» el 40 por ciento, no significa que los aludidos vayan a ser encarcelados sin más: el «sí» avala el inicio de una investigación, que podría, incluso, terminar en nada.
Como es lógico, Morena, el lopezobradorismo y la «4T» se han montado en el tema, mediante spots autorizados, discursos y conferencias, con el objetivo de alcanzar la meta. «Reúne a 20 más, decidamos juntos», alientan en uno de los mensajes más divulgados de las últimas horas en torno a un acto que, argumentan además, no sólo es para llevar a la justicia a los funcionarios del pasado, sino un ejercicio de memoria histórica para construir una nueva patria y no repetir errores.
La organización, el desarrollo, el cómputo y la declaración de resultados costará, 528 millones de pesos, y se instalarán entre 50 mil y 59 mil mesas receptoras, aproximadamente. Por todo aquello es un proceso interesante y mayúsculo. Inédito e histórico. En las próximas semanas, conoceremos más detalles.
(OPINIÓN PUBLICADA EN NOVEDADES. VIERNES 25 DE JUNIO DE 2021).
