El dichoso pacto

Marcelo Salinas En órbita 👉🏾 El presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia el martes pasado durante un encuentro privado en Palacio Nacional, que ha tenido diversas interpretaciones, algunas positivas y otras no tanto. El espíritu de la reunión es beneficioso para la democracia, sin duda. Las formas son cuestionables, según los analistas.
«Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo”, escribió el mandatario en Twitter. La reunión duró apenas 30 minutos; algunos gobernadores acusaron que no fueron consultados por todos los puntos del documento; hubo presencia de representantes de las fuerzas armadas pero no del Instituto Nacional Electoral (el árbitro no fue invitado), y la foto fue divulgada «muy a favor» del gobierno, visto como único paladín.
El dirigente nacional de Morena (partido por el cual llegó AMLO a la presidencia), lo explicó así: “El acuerdo nacional por la democracia se trata de que los gobernadores no metan la mano, que no haya desvío de recursos públicos para comprar votos, para financiar campañas, que erradiquemos de una vez y para siempre esos vicios de nuestra democracia. Por ello, Morena respetará la ley y hará valer la voluntad popular”.
No sólo los gobernadores, claro está, también deben acatar la ley en los ayuntamientos, los congresos y, desde luego, el gobierno federal; porque además de un compromiso, es una obligación insoslayable. El dirigente nacional está en su derecho de pedir respeto a los gobernadores -incluidos los de su partido-, aunque también a la administración federal que respalda sin condiciones. Es un asunto de tacto y sensatez.
La verdad es que, por más compromisos y fotos, la tentación es grande para quienes manejan el presupuesto, sobre todo cuando se trata de las mayores elecciones de la historia nacional, cuando ciertas relaciones entre actores estatales y nacionales ha sido tensa, o cuando la oposición a la 4T se organiza más allá del ámbito partidista para sacarla del poder. Éste movimiento de la 4T, a su vez, se aferra para consolidar la «nueva vida pública».
Sí, las tentaciones y los objetivos parecen más que un encuentro breve. Lo ideal sería fortalecer la vigilancia y endurecer los castigos si se desvían recursos. El compromiso y el respeto a la ley deben ser inherentes a las funciones; de lo contrario, parece incluso cinismo.

(OPINIÓN PUBLICADA EN NOVEDADES. VIERNES 26 DE MARZO DE 2021).