Marcelo Salinas|En órbita 👉🏾 El destino era previsible: el fin de los gobiernos de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos es caótico, con manifestaciones de trabajadores, toma de instalaciones, policías en rebeldía, autoridades acorraladas y súplicas al estado para poner orden. Destrabar los conflictos, para salir de la parálisis administrativa, es una meta posible debido a las gestiones en curso, aunque la imagen política de José Esquivel Vargas y Sofía Alcocer Alcocer quedará en el suelo. Sus gobiernos fracasaron.
Algo no tan distinto ocurre en Othón P. Blanco, donde Otoniel Segovia Martínez sigue de rodillas. El término de su mala administración será un alivio. No pudo lidiar por los lastres de un municipio fustigado por autoridades anteriores, pero él no logró mejorar la situación. No metió ni las manos ante el vendaval. Puertas adentro aseguran que no quiso; o no pudo por la pandemia, los coletazos de la crisis y su distante relación con los gobiernos estatal y federal, de los cuales pudo haber recibido más ayuda. Mal asesorado y desinteresado por avanzar.
En Bacalar, el último de los municipios sureños, no es mejor el panorama: Alexander Zetina Aguiluz piensa más en su futuro partidista que en cerrar con ímpetu. Se iría al PT, desde donde pretende conseguir espacios para la diputación local el próximo año. La ciudadanía le recrimina su apatía, y se la cobrará más temprano que tarde. El «Pueblo Mágico» naufraga por falta de líderes comprometidos. Ya veremos qué pasa con «Chepe» Contreras, el próximo presidente.
El cierre de administración es un peldaño, vendrá el cambio de gobierno, y 60 días de tensión por las revisiones obligadas y las posibles arremetidas de las nuevas autoridades, que han advertido no solaparán a nadie. Mary Hernández en Carrillo, Erick Borges en Morelos, Yensunni Martínez en Othón P. Blanco y José Alfredo Contreras en Bacalar, deberán transparentar las auditorías para que los habitantes conozcan cómo dejaron la Comuna los que se fueron sin pena ni gloria.
Se prevén momentos difíciles, porque el escenario preelectoral rumbo al 2022 condiciona y motiva las declaraciones que dejan mal parados a los adversarios. Los distritos locales estarán en juego, y ello nadie lo ignora, menos de una silla de poder. Lo sensato sería dar estabilidad administrativa y emprender la revisión con rigor, en nombre de la transparencia y la rendición de cuentas. El debido proceso debe garantizarse, sin raja política, pero con mano firme.
(OPINIÓN PUBLICADA EN NOVEDADES. VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021).
