Chetumal, 16 de julio de 2020.- La Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca, participó en el Conversatorio Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que organizó la Diputada Atenea Gómez Ricalde, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, y donde también intervino la Diputada Federal, Mildret Ávila Vera, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso de la Unión.
En su intervención, dijo que hasta antes de las últimas reformas aprobadas por el Senado y la Cámara de Diputados y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que marcan parámetros importantes al combate a la violencia política en razón de género y señala además la paridad y alternancia de género en órganos autónomos como son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y los tribunales locales, el país presentaba una importante incongruencia en materia de derechos político-electorales de las mujeres.
“Lo que había traído consigo un aumento al número de mujeres violentadas en el ejercicio de sus cargos públicos, en la que incluso se conoce de candidatas, precandidatas, militantes, simpatizantes y funcionarias electorales en acciones crueles desplegadas muchas de estas en el entorno de sus campañas o búsqueda de candidaturas o en el ejercicio de su encargo o función”, afirmó.
La Magistrada Carrillo Gasca añadió que a través de este cúmulo de reformas recientemente, se observa una amplia descripción de Violencia Política de Genero en la Ley General de Acceso de la Mujer a una vida libre de violencia, la cual por su naturaleza no tiene propiamente una sanción, pero con la ventaja, en esta ocasión, que tal explicación conceptual se auxilia y sirve como base para sancionarse en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Destacó que actualmente, en los ordenamientos del Estado de Quintana Roo, en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad, se incorpora la frase de “violencia política por razones de género”, pero se observa un vacío jurídico al no señalar en qué consisten estos actos de violencia, ni tampoco prevé sanciones.
Dijo que lo mismo sucede con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en el Estado, en la que incluso es más específica su definición en comparación con el Código Penal del Estado, pero la desventaja entre la primera y la segunda de las citadas leyes, es que la primera no prevé sanciones, mientras que la segunda aunque necesita ampliarse y actualizarse, sí prevé sanciones, pero leves, insuficientes para erradicar la Violencia Política contra la mujer en razón de género.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Por otro lado, comentó que no existe una ley en el estado que prevea las medidas de protección a favor de las víctimas directas e indirectas sobre este mal social, que cada vez es más visible, lo cual las ponía siempre -a las denunciantes- en estado de indefensión y totalmente vulnerable, bajo zozobra y miedo.
Señaló que coincide con muchas de las propuestas planteadas por la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado que preside la Diputada Atenea Gómez Ricalde, en la iniciativa que presentó en días pasados para realizar la armonización de la reforma federal, en la entidad, por lo que la felicitó al igual que a la bancada del Partido Acción Nacional por respaldar este trabajo.
La Magistrada Claudia Carrillo Gasca afirmó que las observaciones y sugerencias que realizó fueron con el objetivo de enriquecer y detallar algunos puntos, por lo que respecto a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en el Estado celebró que quede bien explicado el significado de paridad, el cual es la igualdad política entre mujeres y hombres, que se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación.
“Sobre este punto quiero destacar que en enero del 2020, fue aprobado por la actual legislatura, en la Comisión Permanente presidida por la diputada María Cristina Torres y publicada el pasado 14 de julio de 2020 en el Periódico Oficial del Estado las diversas reformas en la Constitución Política del Estado, por lo que es necesario empujar el tema para que esta paridad sea una realidad en todo.
Finalmente, afirmó que el reto de las y los legisladores estatales es homologar la reforma federal a las leyes estatales a más tardar en septiembre de este año, es decir, 90 días antes de que inicie el proceso electoral local.
AMPLIA CONVOCATORIA
Participaron en este conversatorio sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Silvia Damián, directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM); Cristina Alcayaga, presidenta del Consejo Consultivo de Nafin-Bancomext en Quintana Roo, la diputada local, Judith Rodríguez; Cora Amalia Castilla Madrid, Ariadne Song, la regidora de Othón P. Blanco, Cinthya Millán, Martha Medina Lozano, el diputado local José Luis Guillén López y Mercedes Hernández Rojas, representante del Gobierno del Estado en la zona norte.
(FUENTE: INFORMACIÓN TEQROO)