Marcelo Salinas|En órbita 👉🏾 Ha sido un desastre el Congreso del estado. La expectativa ciudadana fue demasiada, y lo obtenido a la fecha, es mínimo. Inicia el tercer y último año de ejercicio de la XVI Legislatura con un sabor amargo, porque en los dos primeros -de Morena y el Verde- no se lograron los propósitos pedidos por la sociedad, las dirigencias partidistas y por otros grupos con intereses. La calificación es baja para los llamados representantes populares.
Parece una regla: quienes integran las legislaturas no gozan de popularidad, menos los de Quintana Roo, por haber ganado con un porcentaje en torno al 23% de participación en 2018, es uno de los Congresos más caros de México y uno de los menos productivos en términos de cumplimiento. No solo la pandemia alentó la dinámica legislativa, también las ausencias, las licencias y la notoria división provocada por el proceso electoral pasado.
Hoy están nuevamente en el ojo del huracán. En reuniones privadas tratan la reforma a la Constitución local para permitir la reelección y mantener su curul hasta por 12 años, tal cual lo permite la máxima ley federal. En ello no hay polémica: la ley es clara y sí sería posible. El problema es que algunos ocultan el debate privado y otros incluso lo niegan. Portavoces de agrupaciones sociales y empresariales del estado se han reunido con diputadas y diputados para pedirles abrir la discusión, con foros y mesas; sin embargo, no ha habido respuesta formal. «No les conviene», es una conclusión recurrente a la pregunta expresa sobre el motivo del silencio.
Otro ejemplo fue el freno a la despenalización del aborto, que movilizó a tantos colectivos de mujeres y que las dirigencias partidistas condenaron públicamente. Sin mesas de debate, las feministas tomaron entonces las instalaciones y sobrevino la parálisis. Ahora, cuando la Suprema Corte ya sentó precedente en la materia, hablan del tema, aunque en voz baja, «off the record», para no levantar polémica antes de tiempo, se excusan algunos. Lo mismo pasa con otras grandes reformas prometidas a la gente, con las que muchos ganaron, pero fueron mandadas a la congeladora.
En ese contexto de silencio, palabras incumplidas, debate a puerta cerrada y molestia ciudadana, asume Eduardo Martínez Arcila la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el órgano encargado de propiciar el diálogo para fortalecer el debate público. Ya analizaremos sus primeras medidas. Por lo pronto, se percibe incertidumbre en sectores pendientes del trabajo legislativo.
(OPINIÓN PUBLICADA EN NOVEDADES. VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021).
