Marcelo Salinas | En órbita 👉🏾 Se han instalado innumerables dudas en torno a las elecciones del Poder Judicial del próximo 1 de junio cuando, por primera vez, los cargos de personas juzgadoras se elegirán mediante voto popular. Son 881 espacios federales, más los del ámbito local en 19 entidades, incluido Quintana Roo, donde se elegirán nueve magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y 105 asientos para juezas y jueces.
Pero a pocas semanas de una jornada extraordinaria e inédita los desafíos parecen multiplicarse. Probablemente el mayor reto es sobre la participación ciudadana, que calculan entre 10 y 15% en un promedio nacional. Hasta un 20% en el mejor de los casos. Bajísimo.
El abstencionismo, que suele ser el gran rival de cada proceso, no deja de amenazar. Cómo votar es una de aquellas dudas. En Quintana Roo serán 10 boletas: seis nacionales y cuatro locales. Esa cantidad genera una duda por sí sola: tantas boletas, con nombres y perfiles desconocidos para la mayoría, desalienta más de la cuenta. La complejidad de las boletas es otro detalle, no menor.
Hasta la semana pasada, funcionarios del estado que organizan los comicios desconocían detalles clave. Lo mismo candidatas y candidatos. Ni se diga la gente. Pocos podrían haber visitado los micrositios del INE o del Ieqroo para obtener más información. Plataformas como “conóceles” (con la semblanza de aspirantes), el simulador para practicar el voto o “preguntas frecuentes”, reciben contadas visitas.
A todo ello se insiste en que, además de los recursos insuficientes para organizar con estándares de cobertura y calidad, la movilización partidista definirá quién ganará. Dado que los ganadores serían los apoyados por los gobiernos, la mayoría tendría -se acusa- una disposición natural para actuar con “lealtad política”, no con equidad, imparcialidad y neutralidad. Ya veremos.
Los partidos no pueden promover el voto, lo que ha dificultado aun más el conocimiento y la participación. Ello, y los topes de campañas que son muy bajos (99 mil 609 pesos en el estado), han complicado tanto la difusión como la promoción del voto informado. ¿Están haciendo lo suficiente las instituciones electorales para estimular a la población? ¿Los poderes del estado y los servidores públicos, que sí pueden promover, inciden más de la cuenta?
A tres semanas de la cita, es un panorama a cuestas.
(OPINIÓN PUBLICADA EN NOVEDADES.
LUNES 5 DE MAYO DE 2025).